Multas millonarias por prostitución en Rumanía: el sistema castiga, pero no soluciona nada

Multas millonarias por prostitución en Rumanía: deudas incobrables en la zona gris

Desde hace años se acumulan las multas impuestas por la prostitución en varias ciudades rumanas, pero para los ayuntamientos su cobro es prácticamente imposible. El sistema castiga, pero en la práctica ni entra dinero ni se ofrece una solución real para el trabajo erótico.

Los datos hablan por sí solos: en Arad se han acumulado alrededor de 3 millones de lei en multas, equivalentes a más de 510 000 euros, en el caso de aproximadamente treinta personas.

Deudas de cientos de miles, multas repetidas por prostitución

Se trata de sanciones acumuladas. Una de las mujeres afectadas recibió multas en varios cientos de ocasiones, por un total de 243 000 lei. Otras dos trabajadoras sexuales acumularon más de 200 000 lei en sanciones.

Mientras tanto, el importe de cada multa por infracción oscila entre 500 y 1.500 lei, y la mayoría de las veces se impone la cuantía mínima. Por tanto, la deuda no proviene de una sola gran multa, sino de sanciones repetidas y periódicas, según el reportaje de Maszol.

Según las oficinas municipales, el mayor problema es que la mayoría de las personas afectadas no tienen un empleo declarado, ni propiedades, ni coche u otros bienes embargables.

Muchos, además, ni siquiera son locales, sino que llegan de otras localidades. Así, el procedimiento de ejecución es extremadamente engorroso y, a menudo, ineficaz.

Los tribunales suelen imponer trabajo comunitario en lugar de la multa económica, pero según la experiencia, esto tampoco se cumple en todos los casos.

El trabajo erótico representa para muchos una posibilidad concreta de subsistencia, por lo que su regulación adecuada y transparente sería importante.

Situación similar del trabajo erótico en Oradea

En Oradea se habla de un problema similar, aunque de menor magnitud: allí se han acumulado unas 305 000 lei en multas en el caso de 15 personas.

Según el jefe del departamento de economía local, la policía es consciente de que las multas por prostitución no se pagarán de todos modos, por lo que no hay un rigor excesivo en la sanción.

El ayuntamiento intenta evitar la distorsión de los estados financieros no dejando que las deudas se acumulen durante años, sino aplicando procedimientos de insolvencia para cantidades que en la práctica son incobrables.

Drobeta Turnu Severin: una suma de seis millones

Según un reportaje de Antena 3 CNN, en Drobeta Turnu Severin se han acumulado a lo largo de los años más de 6 millones de lei en multas.

Hay sanciones que se remontan incluso a 1992, a pesar de que en Rumanía la prostitución se despenalizó en 2014. En el caso de una sola persona, el importe de las multas acumuladas ya ha alcanzado 1 millón de lei.

Dado que los afectados no tienen bienes ejecutables, la ejecución forzosa es, en la práctica, inviable.

¿Regulación en lugar de castigo?

La situación resulta especialmente interesante a la luz de que recientemente un diputado liberal nacional presentó un proyecto de ley para legalizar la prostitución. Según la propuesta, el trabajo sexual se convertiría en una actividad sujeta a impuestos y regulada.

La práctica actual, de hecho, muestra una contradicción particular: la prostitución está despenalizada, pero debido a las infracciones relacionadas se acumulan multas millonarias que al final no pueden cobrarse.

El sistema castiga, pero el dinero no llega, y el problema tampoco se resuelve.

El trabajo erótico en la zona gris

El ejemplo rumano ilustra bien cuáles pueden ser las consecuencias cuando la regulación de la prostitución descarrila. Las multas solo se acumulan, aumenta el papeleo de los ayuntamientos y, mientras tanto, la situación de las trabajadoras sexuales no se vuelve ni más ordenada ni más segura.

Así, ni la trata de personas, ni la explotación, ni los problemas de salud pública reciben una respuesta real. La cuestión, en realidad, no es cómo castigar, sino cómo tratar un fenómeno existente de forma que genere menos daños y más soluciones operativas.

Reflexión final del equipo de RED-LIFE

La historia de las multas incobrables muestra claramente que el castigo por sí solo no constituye una solución. Si una actividad forma parte de la realidad, tarde o temprano hay que decidir si se gestiona mediante una prohibición coherente o una regulación transparente y operativa.

Según RED-LIFE, la solución sostenible a largo plazo no reside en multas millonarias existentes sobre el papel pero nunca cobradas en la práctica, sino en marcos jurídicos claros, un control real y decisiones informadas.

En última instancia, la cuestión no es si existe el trabajo sexual, sino si el sistema es capaz de responder a él de forma responsable y coherente.